desde 1941, al iniciarse el sexenio de Ávila Camacho, el estado toma la decisión de dar el giro e iniciar ya un cambio significativo en la política económica y comienza, por lo tanto, a promover, con diferentes medidas, el desarrollo industrial del país. Ciertamente las primeras formulaciones gubernamentales en ese sentido se hicieron durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1936-1940), pero fue Ávila Camacho quien pudo imprimir un vigoroso impulso a la industrialización.
El cambio de modelo económico no se dio de manera intempestiva o fortuita. México exportaba por estos años cantidades considerables de productos agrícolas y de materias primas extractivas, exportaciones que aumentarían al verse la economía norteamericana sometida a los ritmos y requerimientos derivados de su participación en la Segunda Guerra Mundial. El sector primario había respondido con bastante eficiencia ante esta demanda y todo indicaba que lo seguirían haciendo. Más tarde, incluso, la colaboración de este sector se dio mediante le envío de miles de campesinos de todo el país que fueron a trabajar legal y directamente a los campos norteamericanos.
Por otro lado, las divisas producidas por las exportaciones mexicanas, que eran las que venían financiando las importaciones de bienes de consumo, significaban un recurso significativo para impulsar, ya no la importación de bienes, sino su producción interna. Una planta industrial encaminada a sustituir dichas importaciones, se pensó, fortalecería la economía nacional y le daría ciertas ventajas para el futuro.
Como han señalado dos importantes historiadores del México contemporáneo, tales circunstancias coincidieron con una idea fija en los gobiernos post cardenistas: primera era necesario producir la riqueza, después se repartiría. A partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) el impulso industrializador fue aún mayor y se depositaba en la industria la esperanza de la creación masiva de riqueza, que se ser repartida, conseguiría avances sin precedentes en el desarrollo nacional. Estas ilusiones basadas en los principios doctrinarios de las teorías económicas en boga, también servirían después para dar sustento a la mayor intervención del estado como rector de la economía y como tal, inhibidor de los fenómenos desestabilizadores en la misma.
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